"Hay policías claramente involucrados en generar caos" domingo, 15 de diciembre de 2013

por Federico Poore

Para el sociólogo Máximo Sozzo, profesor de criminología en la Universidad Nacional del Litoral, los bajos salarios de las fuerzas policiales solo explican uan parte de los amotinamientos de las últimas semanas.

¿Qué factores explican la crisis policial?
Estas protestas estuvieron fuertemente ligadas a dos tendencias, que no han sido homogéneas pero que se combinaron para producir este resultado. Por un lado, una progresiva pérdida de la calidad de condiciones laborales de las personas que trabajan en las instituciones policiales en los rangos bajos y medio-bajos, vinculadas no sólo a cuestiones salariales sino también a los turnos de trabajo y a las formas de asegurar la disciplina al interior de la fuerza. Todo esto combinado con la falta de voz de estos sectores, algo que no cambió demasiado con respecto a los años de la dictadura. En 2008 hicimos una encuesta en Santa Fe sobre una muestra representativa de policías. Una de las cosas que descubrimos es que el 88 por ciento (casi 9 de cada 10) reclamaba la posibilidad de crear algún tipo de asociación sindical. Es decir que la necesidad de que se los reconozca como trabajadores viene de hace tiempo.

¿Que beneficios puede traer la sindicalización policial?
Ante todo, transparentar los debates políticos al interior de la institución political. Hoy esos debates ya existen — y enfrentan a distintos grupos. Transparentar esa discusión puede ser interesante. Obviamente, no creo que algo así vaya a marcar modificar radicalmente la composición democratica de la fuerza — de hecho, en Gran Bretaña o en España la sindicalización no ha traido aparejada un crecimiento de la cultura democrática de la fuerza policial. Pero dada la situación en la que nos encontramos, creo es una posibilidad a explorar.

¿Qué diferencia encuentra entre Gendarmería, Policía Federal y las policías provinciales? ¿Alguna de estas fuerzas alcanzó un mayor grado de profesionalización que las otras?
La pregunta es, ¿qué entendemos por profesionalización? Si hablamos del gobierno democrático de las fuerzas policiales, en ninguna provincia se han producido avances sustantivos. Las quejas con respecto al servicio policial (es decir, si un oficial hace algo ilegal) aún son tramitadas por órganos policiales. Y en los casos donde hay un híbrido entre policías y civiles, la participación civil es mínima. De hecho, no hay participación de representantes electos, como legisladores y concejales.

En ese sentido, ¿qué evaluación hace del paso de Nilda Garré por el Ministerio de Seguridad?
Instaló una retórica de contenido democratizador y produjo algunas iniciativas puntuales, laterales, que podríamos considerar positivas. Pero esto no se traduce mágicamente en la transformación de las estructuras organizativas de la policía. En ese terreno, la experiencia con respecto a las fuerzas federales del Ministerio de Seguridad de la Nación fue inconcluso, y ahora sufrió un cambio de dirección. Se generó una especie de impasse. Es difícil que de 2011 en adelante se hayan producido cambios estructurales. Hubo mucha voluntad política, quizás voluntarismo, con decisiones que han sido valiosas pero no tienen la magnitud que el desafío requiere.

La Gendarmería nació como una fuerza de frontera, luego se trasladó al conurbano y se envía, de tanto en tanto, como fuerza militarizada a las provincias. ¿No se desvirtuó su rol?
Completamente. Esta conjunción de Gendarmería y Prefectura resolviendo problemas que las fuerzas provinciales no pueden es problemática. Ambas tienen una tradición y una cultura organizacional fuertemente ligada a la fuerza militar, nacieron para otros fines. Por otra parte, la idea de que estas fuerzas sólo hacen patrullajes y nunca incurren en abusos no es real, tal como lo muestran algunos estudios hechos en el Conurbano bonaerense.

Familiares y representantes de los policías que iniciaron la protesta en Córdoba pedían el aumento que luego les dio De la Sota con el argumento de que querían una fuerza sin corrupción. Como si un mayor sueldo fuese a terminar con las prácticas ilegales al interior de la fuerza.
Ese pensamiento es de una violenta ingenuidad. Primero porque todos sabemos que el involucramiento en redes ilegales puede garantizarles ingresos muy superiores a los 13,000 pesos. Segundo, porque ese agumento supone creer que la corrupción policial nace de la necesidad, cuando no es así. Sólo hace falta estudiar su reproducción al interior de las cadenas de mando. Esta crisis es la respuesta a las iniciativas en algunas provincias de combatir ciertos nudos de corrupción. Hay policías claramente involucrados en generar caos para enfrentar al poder político. Lo que está en juego es un desafío político sobre quién gobierna la policía.

¿Cómo se resuelve este problema?
La única forma de reconstruir la autoridad política es generar instancias de construcción de consensos para una reforma policial a través de los partidos políticos y con la ayuda de los segmentos de las fuerzas que estén de acuerdo en avanzar en una agenda reformista. Algo como la CONAREPOL (Comisión Nacional para la Reforma Policial) en Venezuela — una de las pocas propuestas de Hugo Chávez que logró el apoyo de la oposición.

* La edición en inglés de esta entrevista apareció en la edición del 15 de diciembre de 2013 del Buenos Aires Herald.