La jugada de Clarín frente a la ley de medios audiovisuales martes, 15 de marzo de 2011

I. El curso natural de una decisión del Estado

En diciembre de 2009 se promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La norma, que pasó a reemplazar el decreto-ley 22.285 de 1980 y sus modificatorios, había sido debatida durante meses en todo el país y aprobada en ambas cámaras con amplias mayorías legislativas.

Luego de una serie de medidas judiciales en su contra (la más floja de las cuales fue una presentación del diputado cobista Enrique Thomas, devuelta con amonestaciones por la Corte Suprema), en junio de 2010 terminaron de caer todas las cautelares salvo una del grupo Clarín, que se oponía al artículo 161 donde se estipulaba un plazo de un año para adecuarse a la nueva norma. En el medio también hubo presentaciones en Salta y San Juan de medios que se opusieron al establecimiento de mínimos de producción nacional. Salvo esos apartados, suspendidos únicamente para los actores que iniciaron la demanda, la norma está desde entonces plenamente vigente.

El artículo 65 de esa ley, en su inciso 3b, establecía que los titulares de licencias

Deberán ordenar su grilla de programación de forma tal que todas las señales correspondientes al mismo género se encuentren ubicadas en forma correlativa y ordenar su presentación en la grilla conforme la reglamentación que a tal efecto se dicte, dando prioridad a las señales locales, regionales y nacionales.

De allí salió la resolución 296/2010, del Afsca (ex Comfer) con las pautas para el ordenamiento de las grillas de programación, que sigue el criterio fijado por el Congreso.


II. El problema

Promedia marzo de 2011. Es decir que van siete meses desde la resolución de Afsca. Varios operadores de cable ya modificaron sus grillas, ajustándose a derecho, pero Cablevisión y DirecTV (parte y socias del grupo Clarín, respectivamente) se niegan a aplicar los cambios. Aducen "fallos vigentes" -uno en Dolores y otro en Coronel Dorrego- que, en realidad, ya fueron desestimados por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Mientras tanto, los foros de Afsca y de las organizaciones de Defensa al Consumidor se llenan de reclamos de usuarios de todo el país que quieren acceder a la nueva oferta de canales.

El 31 de enero, Afsca sancionó a Cablevisión por no poner en práctica el criterio dictado por el organismo; ahora comenzó su segundo sumario contra la empresa. Como resume de manera brillante Hernán Cocchi

A esta altura, el mayor objetivo de Clarín es no acatar las disposiciones que deriven de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Básicamente, cumplir con cualquier medida podría implicar aceptar la vigencia de la nueva legislación. La lógica la dejaron expuesta en los escritos entregados a la AFSCA para objetar los pedidos de licencias de las cooperativas de servicios públicos: "Se deja constancia que esta presentación no implica consentir la validez constitucional –ya sea formal o sustancial– de la Ley 26.522, ni el régimen por dicha norma aprobados, que resultan cuestionables en su caso."

Los abogados de Clarín caminan por una delgada línea de tres vías: manifiestan sus críticas a los avances de las nuevas reglas de juego, aclaran que no las aceptan y, a la vez, deben convencer a sus jefes de no traspasar los límites que puedan llevar a la caducidad de las licencias (quizás la tarea más difícil). Así, objetan las resoluciones de la AFSCA, pero saben que si no cumplen, las faltas graves llegarán al máximo de cuatro con el riesgo de perder el permiso para operar.

Imagen por Doegox