Me gustaría que pudieran dedicarle cinco minutos a este post para entender mejor uno de los temas de la semana, que merece ser analizado con mayor detenimiento ya que aquí se juega uno de los puntos más flacos del "modelo K": la estructura tributaria. Lleguen hasta el final porque es bastante impresionante.
Escribió Alfredo Zaiat:
Equidad tributaria
Inversores de títulos públicos y ahorristas de plazos fijos no pagan el Impuesto a las Ganancias por la renta de esos activos financieros. Dueños de empresas o propiedades que venden esos bienes no tributan por la ganancia de capital que implicó esa transacción. Los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales están exentos de pagar Ganancias. Un Informe elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía estimó que para este año las exenciones por rentas de títulos públicos sumarán 3627 millones de pesos, por intereses de depósitos en entidades financieras y de Obligaciones Negociables percibidos por personas físicas alcanzarán 971 millones de pesos, y el beneficio para miembros de la Justicia, 269 millones de pesos. En total, 4867 millones de pesos que dejará de recaudar el fisco. En ese contexto tributario, con esas inequidades en su estructura, se reedita todos los años el debate sobre la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.
A medida que se reitera esa discusión, los reclamos son cada vez más agudos. La central de trabajadores dirigida por Pablo Micheli presentó un recurso judicial para que se elimine “el impuesto al salario” al calificarlo de “injusto” e “inconstitucional”. La CTA de Hugo Yasky también pidió derogarlo o subir al doble el mínimo no imponible. La CGT propuso algo similar, manteniendo la carga sólo sobre niveles jerárquicos. El tema es complejo por el tipo de estructura impositiva vigente, pero resulta controvertido bregar por la distribución del ingreso al tiempo de demandar la anulación de Ganancias para trabajadores de salarios medios y altos. Pese a ese peculiar comportamiento, esa medida reúne apoyo mayoritario. No se presenta políticamente correcta, desde el arco político denominado progresismo, la crítica a una medida que beneficia a trabajadores. Y no resulta oportuno, desde el ubicado en el centro hacia la derecha, el cuestionamiento a una iniciativa que favorece a las empresas en la negociación salarial con los gremios, además de que alivia la carga tributaria de cuerpos gerenciales y jerárquicos.
Por ese motivo, la reducción impositiva anunciada, que involucra 3245 millones de pesos anuales menos de recaudación (...), logra el apoyo de sectores diversos y el elogio casi unánime de parte de los medios de comunicación. Esa coincidencia tiene su motivo: periodistas que definen líneas editoriales y otros mediáticos pagarán menos y recibirán un sueldo de bolsillo mayor; las empresas podrán mostrar que abonan salarios más elevados; los sindicalistas, que pelearon y consiguieron ingresos mayores para los trabajadores; y los gurúes de la city se olvidan su obsesiva preocupación por las cuentas fiscales y el recalentamiento de la demanda porque sus clientes estarán satisfechos con que el Estado haga ese aporte para mejorar los salarios de los deciles más altos de la pirámide de ingresos. El coro de la oposición parlamentaria con este tema ha sido oportunista y conceptualmente mediocre.
Esta concurrencia de intereses no debería ocultar que el alza del mínimo no imponible se dispone en un universo laboral fragmentado y con aún una elevada informalidad y que ese beneficio involucra a un porcentaje reducido del total de las personas ocupadas.
Se pregunta Luciano Cohan:
¿Quiénes se benefician con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias?
(...) De los 7 millones de asalariados registrados, 1.2 reciben el beneficio. El importe total de la devolución impositiva es de alrededor de $ 3.000 mil millones, a razón de $ 185 por beneficiario (el 85% de una AUH). Casi el 20% del beneficio total lo reciben 103 mil personas con un ingreso mensual superior a $ 18 mil mensuales ($ 36 mil en promedio) que recibirá cada uno, en promedio, $ 422 (casi dos AUHs). En este último grupo, el gobierno gastará $ 567 mil millones.
Si nos limitamos a quienes cobran más de $ 10.000**, el gasto total del gobierno es de $ 1.740 millones. Es decir, luego del decreto el gobierno habrá transferido al 5% de mayores ingresos entre los asalariados registrados una cifra equivalente al 16% del gasto nacional en salud, al 20% del gasto en promoción y asistencia social, al 36% del gasto en ciencia y técnica, al 59% del gasto en Agua potable y alcantarillado, o al 36% del gasto en vivienda y urbanismo.
¿Quiénes no se beneficiaron con la devolución de ganancias?
(...) Al beneficio accedió tan sólo el 7.7% del universo de trabajadores comprendido por los registrados, los no registrados y los cuenta propistas. Es decir, en su reparto, el gobierno excluyó al 92,3% de los trabajadores. Este 92.3% está compuesto por un 84% de los trabajadores que cobra menos de $ 4.800 -injusticia vertical- y un 7.7% que,aún cobrando más de $ 4.800, no se benefició con la medida -injusticia horizontal-.
En conclusión: dentro del universo de trabajadores registrados, el beneficio es creciente cuanto más rica sea la persona, y se concentra fuertemente en los deciles más altos. Por otro lado, al estar dirigido a un subgrupo de los trabajadores formales, deja afuera a más del 90% del universo de trabajadores.
Convengamos que hablar del “bolsillo del trabajador” es darse una licencia de lenguaje ¿No?
Así las cosas. Hete aquí el progresismo del siglo XXI.
Hace 4 años.
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