Capitalismo y subsidios a los trenes viernes, 24 de febrero de 2012

Una protesta de consumidores

Para dar una adecuada interpretación a los hechos ocurridos la semana pasada en la estación Constitución es necesario recordar cómo entienden los países capitalistas el subsidio al transporte y los derechos de los usuarios.

por Susana Torrado*
21-05-2007

El martes pasado, en la estación ferroviaria de Constitución, tuvo lugar una gresca de proporciones motivada por la suspensión de la salida de trenes por parte de Transportes Metropolitanos, la empresa concesionaria del servicio.

Este hecho dispara varias reflexiones. En primer término, se señala que esa empresa recibe significativos subsidios del Estado argentino, los que estarían motivados por el propósito de ayudar a la gente de menores recursos, ya que ésta es la principal usuaria de esos servicios. Creo que hay aquí un error de perspectiva: lo que se subsidia no es el bolsillo de los pobres; lo que se subsidia es la posibilidad de que los empresarios y los gobiernos cuenten en sus lugares de trabajo con la mano de obra necesaria para el desempeño de sus actividades, es decir, lo que se subsidia es el desplazamiento laboral indispensable para mantener la actividad económica.

En todos los países capitalistas se realizan sin cuestionamiento los subsidios al transporte, no ya porque ayudan a los más débiles sino porque su inexistencia comprometería la disponibilidad de trabajadores y/o tendería a disminuir la ganancia empresaria, ya que el costo del transporte al lugar de trabajo forma parte del salario.

Paradojalmente, en la Argentina, el único sector en el que esta premisa es aceptada sin polémica es el servicio doméstico "cama afuera" (el costo del desplazamiento de la empleada se adiciona a la remuneración horaria), una actividad no empresaria. Por lo tanto, lo que hay que discutir no es sólo la legitimidad del subsidio a la firma concesionaria sino el hecho de que, con los impuestos pagados por todos los trabajadores, se subsidie la ganancia empresaria en general, con el argumento de que el salario no debe incluir el costo del transporte.

En segundo término, no he escuchado ningún análisis en el que la revuelta del martes 15 sea encarada no ya como una protesta de trabajadores sino como una protesta de consumidores. En las sociedades de capitalismo avanzado, los trabajadores fueron reconocidos primero como fuerza de trabajo, luego como ciudadanos (cuando se universalizó el derecho a votar) y, finalmente, como consumidores de los propios productos que producen.

Sin este consumo no podría realizarse la ganancia capitalista. Este último reconocimiento parece estar muy retrasado en nuestro país, al menos por parte de la clase empresaria. Son los trabajadores los que empiezan a reivindicar condiciones aceptables para realizar un consumo (el desplazamiento laboral) que, además de costearse con su propio salario a través de las rentas generales del Estado, beneficia directamente a sus empleadores.

En tercer término, he oído numerosas voces que, concediendo que la protesta tiene alguna justificación por las condiciones infrahumanas en las que se viaja, enfatizan que la misma fue "desproporcionada" respecto a las causas que la originaron.

Como si los ciudadanos que intervinieron en los hechos del martes 15 hubieran debido primero analizar hasta qué punto podían llevar sus actos de protesta, para pasar luego a su ejecución. Lo que pasó aquel día fue un estallido de cólera colectiva, de personas que sintieron que se colmaba el límite del maltrato. En situaciones semejantes no hay lugar para la racionalidad ni tiempo para evaluar los efectos de la conducta inmediata. Reclamar "racionalidad" en este tipo de sucesos es perder por completo de vista la naturaleza de su aparición y, por lo tanto, errar en el diagnóstico que prevenga futuras manifestaciones. Cabe destacar, de paso, que algunos medios informaron acerca de perjuicios causados a locaciones de Transportes Metropolitanos (boleterías, oficinas, maquinarias dispensadoras, etc.), pero no dan cuenta de daños causados a comercios particulares en el mismo lugar de los hechos.

Todo lo anterior no significa justificar el uso de la violencia en la reivindicación de derechos. Tampoco negar la posibilidad de que grupúsculos inherentemente violentos hayan aprovechado la ocasión para añadir leña al fuego. De lo que se trata es de incorporar al análisis de la protesta social dimensiones (por ejemplo, la de consumidor-usuario) que tienen igual legitimidad que la reivindicación por salarios e ingresos.

* SOCIOLOGA, PROFESORA EMERITA DE LA UBA, INVESTIGADORA DEL CONICET

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