Parar la pelota martes, 15 de noviembre de 2005

Dos visiones (complementarias, creo yo) sobre el juicio político a Aníbal Ibarra.

La política porteña en el banquillo
por Julio Godio (sociólogo)

Con esta decisión de la Legislatura de la Ciudad se cierra el primer capítulo de un proceso de descomposición política que se inició hace un año y que se había caracterizado por una pugna muy fuerte en el interior de la Legislatura, al tiempo que mostraba a los ciudadanos y ciudadanas de este país la desesperación de padres y familiares de los jóvenes muertos en el terrible suceso de Cromañón. Ha sido por lo tanto un año de tensión para poder dar inicio a un proceso que tiene como figura central a Aníbal Ibarra pero que incluye a otros funcionarios y funcionarias del Gobierno de la Ciudad así como a varios empresarios.
Es de esperar que esta segunda fase que se inicia ahora culmine con un esclarecimiento total de la tragedia, lo que permita a su vez a la Justicia establecer las debidas sanciones.
Pero habría que detenerse en el caso de Ibarra, quien producido el grave hecho no percibió con claridad que si una parte importante de la sociedad y particularmente de los familiares lo ubicaba como responsable principal, debió haber tenido la audacia política inmediatamente luego de producido el hecho de adoptar una actitud valiente de enfrentarse políticamente con el hecho pidiendo la licencia en el cargo y asumiendo la responsabilidad de dirigir la investigación. Pero Ibarra, eligió el camino de la búsqueda de compromisos en el interior de la Legislatura para eludir ser ubicado como responsable político de lo sucedido. (...)

Asumir las responsabilidades
por Marcelo Leiras (politólogo)

Como se ha repetido desde la misma noche del 30 de diciembre de 2004, no hay un único culpable de Cromañón. Sin embargo, desde los primeros momentos muchos familiares de las víctimas señalaron a Aníbal Ibarra como máximo responsable político de la tragedia.
Puede parecer un juicio apresurado, pero no carece de fundamento. Hay cosas que simplemente no pueden ocurrir y la responsabilidad consiste, entre otras cosas, en hacer todo lo necesario para evitar que ocurra lo que no puede ocurrir.
El juicio político debería determinar claramente en qué medida el error de la política de seguridad y la negligencia en su aplicación hacen insostenible el mantenimiento del Jefe de Gobierno en su puesto.
Es una condición exigente y para satisfacerla hacen falta más argumentos que los que hemos escuchado hasta el momento. Se ha discutido más quién se beneficia o perjudica con cada decisión que qué pasó y por qué.
La comisión juzgadora de la Legislatura tiene ahora la responsabilidad de producir una decisión clara y ecuánime. Un dictamen oscuro y arrancado por las presiones de cualquier lado es el resultado que nadie debería desear y que la comisión juzgadora tiene la responsabilidad de evitar.