Cómo sigue la Ley de Servicios Audiovisuales lunes, 4 de enero de 2010

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En el medio de la puja judicial

Las recientes medidas cautelares contra la Ley de Servicios Audiovisuales son parte de una estrategia corporativa que sólo busca demorar su instrumentación, según las nuevas autoridades. Tras el receso parlamentario, la norma sería reglamentada.

por Federico Poore
Página/12, 04-01-2010

A pesar de las últimas medidas judiciales, la vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales no corre peligro. Así lo aseguraron a Página/12 especialistas en derecho y miembros de las nuevas autoridades, que subrayaron la fortaleza de la norma frente a las medidas cautelares presentadas recientemente. “Son un obstáculo, no un impedimento”, consideran en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, el conjunto de organizaciones sociales que impulsó la Ley 26.522. Mientras se libra la batalla judicial, la implementación de la norma avanza: nuevas entidades como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y Radio y Televisión Argentina ya comenzaron a trabajar, se espera la designación de representantes opositores para la Autoridad de Aplicación, y el próximo paso se dará cuando sea reglamentada la ley, tras el reinicio de la actividad parlamentaria.

El capítulo judicial de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales comenzó el 16 de diciembre, cuando el juez federal Edmundo Carbone suspendió la vigencia de los artículos 41 y 161 de la norma a instancia de una demanda del Grupo Clarín. Para Carbone, los apartados citados –que fijan reglas para la transferencia de licencias y plazos para la adecuación a la nueva ley– conducen a un “menoscabo de los derechos de propiedad”. El mismo día, el magistrado salteño Miguel Medina aceptó una acción de la organización Codelco e interrumpió la aplicación de seis artículos.

A estas medidas siguieron dos más, relacionadas esta vez con el Grupo Vila-Manzano. El lunes 21, un fallo de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal indicó la suspensión de toda la ley a instancias de una medida cautelar del diputado cobista Enrique Thomas, que aducía irregularidades en el proceso legislativo. Y el 30 llegó un cuarto fallo por parte de Leopoldo Rago Gallo, juez de San Juan, a pedido del multimedio.

“Se trata de medidas provisorias que seguro serán rápidamente revertidas”, afirmó Néstor Busso, titular del flamante Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Para Busso, que también preside el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), “estas causas revelan la pobreza de los argumentos en contra de la ley y serán revertidas con las apelaciones”.

Omar Turconi, presidente de la Asociación de Radios Universitarias, opinó que las recientes medidas judiciales “tienen como única intencionalidad postergar la aplicación de la ley, tratar de correr los tiempos”. En el mismo sentido se pronunció Alejandro Verano, decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata: “Esto no es más que una nueva excusa de los grupos mediáticos, que ahora recurren a la judicialización”, opinó.

El coordinador general del Comfer, Luis Lazzaro, comentó que si bien “ninguna de estas medidas tiene fundamentos jurídicos suficientes para impedir la vigencia de la ley”, la estrategia era esperable. La estrategia de los demandantes –aseguró– pretende demorar la implementación plena de la ley esperando poder sancionar una nueva reglamentación con el Congreso que asumió en diciembre pasado.

¿Tiene chances esta jugada? Busso cree que no. “La actual oposición política no cuenta con un proyecto común. En caso de intentar votar una nueva ley, el PRO y la Coalición Cívica no van a estar junto al Partido Socialista o Nuevo Encuentro, que en todo caso pretenderán avanzar –y no retroceder– en algunos aspectos de la ley”, opinó el titular de Farco.

El actual camino judicial, por sí mismo, tampoco parece tener demasiado futuro. Como resumen en el ambiente: “Ir por las cautelares es fácil: la cuestión es ir después al fondo de la ley”. Esto parece aún muy lejano.

Los fallos de las últimas semanas tienen escasas posibilidades de llegar hasta la máxima instancia. “Lo que te firma un juez asustado de provincia no te lo firma un miembro de la Corte”, comentó una de las fuentes oficiales, que prefirió el anonimato. Las cuestiones de fondo, coinciden los consultados, irán surgiendo a medida que avance la conformación de la Autoridad de Aplicación (que reemplazará al Comfer) y en tanto la ley tenga una reglamentación efectiva. Algo que avanza de a poco debido a los obstáculos que marca la propia oposición.

El directorio de la Autoridad de Aplicación ya cuenta con 4 de sus 7 miembros designados: Jorge Capitanich y Eduardo Seminara, por el Consejo Federal, y Manuel Baladrón y Gabriel Mariotto, por el Poder Ejecutivo. La postulación por parte de la primera minoría del quinto miembro –el abogado Claudio Schiffer– quedó en un limbo jurídico luego de que el 9 de diciembre la oposición se retirara del recinto. Los opositores aún no designaron a sus dos representantes.

En una situación similar se encuentra el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA). Alejandro Verano afirmó que en RTA vienen trabajando “sin alteraciones” desde el 10 de diciembre, pero que aún están a la espera de que la Comisión Bicameral envíe los nombres de sus representantes.

El Consejo Federal también está funcionando. Ya se reunió tres veces y se espera un próximo encuentro para el 16 de febrero. Para Busso, que preside el Consejo, el próximo paso es la reglamentación de la ley, algo que tendrá lugar luego de la reapertura de las sesiones en el Congreso.

Mientras tanto, el primer fallo –el del juez Carbone– ya fue apelado por el Gobierno. Al cierre de esta edición la notificación formal de las demás medidas aún no había llegado a los despachos.

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En el recuadro está, también, el pronóstico y comentario de Gustavo Arballo, del blog Saber Leyes No Es Saber Derecho.