Un pantallazo a la ley de medios audiovisuales miércoles, 3 de agosto de 2011

Ana Manfrinatto me entrevistó para Open Business Latin America acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recupero mis respuestas a modo de un conciso resumen sobre el origen, las características y el estado actual de la ley de medios.

La nueva Ley de Medios habla de la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿A través de cuáles medidas planteadas por la ley se intentará democratizar y universalizar el acceso a la información y comunicación?

FP: Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta ley de medios audiovisuales reemplaza la anterior norma sobre radiodifusión de 1980, sancionada durante la última dictadura militar. De acuerdo con aquella, sólo podían acceder a licencias las organizaciones con fines de lucro y había un férreo control sobre contenidos. Sucesivas reformas vía decretos durante los gobiernos neoliberales de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) levantaron algunas de las prohibiciones que pesaban sobre lo que se podía decir en radio y televisión, pero aumentaron el carácter privatizador del sistema al permitir a un mismo licenciatario tener hasta 24 licencias en todo el país. Al mismo tiempo, el gobierno intentó privatizar el canal estatal y se mantuvo bloqueado el acceso a nuevas licencias televisivas. Las nuevas radios, en tanto, sólo recibieron permisos provisorios otorgados por decreto o por resoluciones del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), el organismo encargado de la radiodifusión, intervenido por el gobierno desde 1984.

A comienzos de 2004, una serie de organizaciones sociales comenzaron a impulsar una campaña a favor de los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”. Varios de esos reclamos fueron recogidos en 2008 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e incorporados a un proyecto de ley presentado en el Congreso. Luego de un extenso debate –que incluyó foros en todo el país en donde se escuchó la voz de actores privados, organizaciones sociales e independientes–, la norma fue sancionada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso (diputados y senadores) y cobró vigencia el 10 de diciembre de 2009.

¿Qué cambia con la nueva ley?

FP: En primer lugar, se reserva un tercio del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro, en consonancia con las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU. Otra de las medidas anti-monopólicas establece que una misma persona jurídica no podrá tener más de diez licencias de televisión abierta o radio en todo el país, ni más de tres en una misma zona de cobertura; además, los operadores de TV por cable no podrán funcionar en más de 24 ciudades. También se instalan cuotas mínimas de producción nacional e independiente, para fomentar la industria local, y se limita la publicidad al interior de los programas. Por último, la autoridad de aplicación de esta norma (el antiguo COMFER, hoy Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA) deja de ser intervenida y pasa a tener una composición más plural, de acuerdo a mayorías y minorías legislativas.

En cuanto a la adecuación a internet, la ley se propone regular todos los “servicios de comunicación audiovisual” (contra las “emisiones sonoras y de televisión” de la anterior norma) y el artículo 4° detalla que ahora incluye “la radiodifusión televisiva, hacia receptores fijos, hacia receptores móviles así, como también servicios de radiodifusión sonora, independientemente del soporte utilizado, o por servicio satelital; con o sin suscripción en cualquiera de los casos”. Las interpretaciones legislativas son diversas, pero algunos especialistas aseguran que dentro de esta nueva regulación entrarían las radios por internet.

¿Cómo ves el proceso en el cual está la ley de medios?

FP: Es un sano signo de estos tiempos que se haya decidido discutir un tema tan espinoso como la regulación de la radiodifusión, que se tiende a identificar apresuradamente con la censura. En Argentina, y durante muchos años, los medios de comunicación estuvieron acostumbrados a presionar a los gobernantes para recibir leyes cada vez más favorables a sus intereses. La supuesta “desregulación” (que el especialista Guillermo Mastrini considera más bien una “re-regulación”: nuevas herramientas legales que favorecen a las empresas) terminó creando grandes imperios mediáticos que, como probó el caso de News of the World, terminan teniendo más poder que los propios gobiernos.

La nueva ley argentina, que respetó los principales lineamientos de la ONU y la UNESCO y propone medidas anti-monopólicas como las que hay en el Primer Mundo, fue discutida y atacada por los medios afectados en una verdadera batalla por el significado.

Cuando estos grupos y los políticos que los apoyaban perdieron la pelea en el Congreso, intentaron trabar la norma con distintas medidas judiciales. Una de ellas, presentada por el diputado opositor Enrique Thomas, suspendió la ley hasta junio de 2010, cuando un fallo unánime de la Corte Suprema ordenó restablecerla. Otras medidas solicitadas por privados consiguieron “congelar” algunos artículos puntuales (como el límite a la publicidad o la exigencia de un mínimo de producción propia) para los demandantes. Pero tal vez el mayor obstáculo a la real concreción de la ley es la demanda del Grupo Clarín –principal grupo de medios del país– en contra del artículo 161, aquel que establece un plazo de un año para que los grandes grupos se desprendan de las licencias “excedentes” (aquellas por encima del tope permitido por ley). Es decir que hasta el momento el principal imperio mediático del país –estimaciones de la AFSCA indican que tendría más de doscientas licencias– permanece inmune a los efectos “desconcentradores” de la ley. La medida también podría llegar al máximo tribunal a fin de año.

¿Qué cambia para mejor?

FP: Un poco lo que expliqué en el recorrido de la ley: se termina el control sobre contenidos, se garantiza el acceso a entidades sin fines de lucro, y se impulsa la producción nacional y la programación independiente. Me parece que es una buena manera de marcar reglas claras, con un amplio consenso político y social, para los próximos veinte o treinta años.

¿Qué puede empeorar o ser malinterpretado?

FP: Quedaría por aprobar alguna medida que explique de dónde van a salir los fondos para que las radios y canales del interior puedan producir programas propios. De otra manera, se condena a los medios más chicos a trabajar con el (escaso) ingreso publicitario que puedan recibir, lo que los coloca en inferioridad de condiciones para competir con los principales medios de Buenos Aires. Por último, debería completarse un llamado a concurso público (licitación) para la asignación de nuevas frecuencias, de manera tal de evitar la discreción de la AFSCA.


Autor de la última foto: Gustavo Facci. Licencia Creative Commons.