Las voces vienen marchando
La demorada aplicación plena de la ley de medios audiovisuales no impide advertir numerosos avances, que exceden lo que se ve a simple vista.
por Federico Poore
A más de dos años de su entrada en vigencia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual avanza, de manera irregular, hacia su principal objetivo: transformar el mapa comunicativo del país. Parcialmente trabada por amparos judiciales, su aplicación efectiva depende de una voluntad política capaz de enfrentar décadas de inacción y desidia estatal. Frente al lugar común que dice que, a fin de cuentas, la norma sólo sirvió para obligar a que los canales coloquen placas al comienzo y al final de cada espacio publicitario, un repaso atento por las pantallas indica que los resultados fueron mucho más allá. ¿Qué cambió hasta ahora la Ley 26.522?
Aunque hoy suene obvio, la primera modificación que produjo fue la constitución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que terminó con una intervención de veintiseis años en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). Aquel organismo, hoy extinto, había sido creado bajo la dictadura de Alejandro Lanusse y continuó durante el último gobierno militar. Las administraciones democráticas que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha se limitaron a colocar un interventor; el último de ellos fue el propio Gabriel Mariotto.
Este organismo, que ahora dirige el ex diputado nacional Santiago Aragón, incorpora un control legislativo inédito en las experiencias argentinas. De acuerdo al texto de la norma, tres de los sietes miembros del directorio de la Afsca deben salir de una Comisión Bicameral de Seguimiento, incluyendo integrantes de la segunda y tercera minorías parlamentarias. Hasta el año pasado, la oposición no había nombrado a sus representantes: luego decidieron integrarla, pero la mayoría del kirchnerismo aún no convocó a la comisión.
Otra medida básica que tuvo lugar en los últimos años fue la realización de un censo global de prestadores, “un relevamiento integral del mapa mediático realmente existente”, según definieron desde la Afsca. Esta resolución ayudó a desarrollar un plan técnico para satisfacer la demanda de espectro. También permitió identificar a los licenciatarios reales y detectar “zonas de conflicto” o superposiciones de señales.
Un último elemento clave fue el ordenamiento de la grilla de la televisión por cable. En 2010, una resolución de la Afsca estableció que primero debían aparecer los canales informativos, seguidos por los de Televisión Abierta, el canal Encuentro, las señales deportivas, las infantiles y los canales internacionales de noticias.
Se trata de una clasificación temática, más prolija, pero que chocó inevitablemente con los intereses de los dueños de los cables (quienes movían los canales en función de acuerdos comerciales, además de otorgar un lugar preferencial a las señales propias). El treinta por ciento de estas compañías, incluyendo Supercanal y Telecentro, se ajustó a la normativa, pero Cablevisión se negó. Ante el reclamo de los usuarios por los canales ausentes -CN23 y Paka Paka, entre otros-, los representantes de la empresa del Grupo Clarín adujeron medidas cautelares que los favorecían.
CON SABOR LOCAL
A diferencia de otros proyectos aprobados en la región, la ley de medios argentina no regula el ejercicio del periodismo, es decir, “no se mete con contenidos”. No obstante, establece mínimos de producción nacional, regional e independiente. El objetivo, de por sí ambicioso, es combatir la invasión de latas extranjeras y la persistencia, en el interior del país, de una transmisión en red casi total.
La reglamentación no impide que un medio del interior pase contenidos producidos en Buenos Aires, pero al mismo tiempo -y ésta es la novedad- los limita.
A diferencia del decreto 1005/99 firmado por el ex presidente Carlos Menem, que habilitaba la retransmisión total de la programación, hoy la estación de origen debe pasar como mínimo una hora de producción local en horario central y presentar al menos un treinta por ciento de contenidos propios. “Sobre 24 horas sólo siete podrán conectarse en red”, detalló por entonces Gustavo Bulla, director nacional de Supervisión y Evaluación de la Afsca. Todo un desafío si se tiene en cuenta que hoy buena parte del contenido que se emite en el interior responde a las cabeceras, principalmente Canal 13 y Telefé. Tal como explica Emanuel Respighi, periodista de Espectáculos, Cultura y Medios de Página/12, “aún se trata de un mercado centralizado, con dos grandes jugadores”.
El último informe de la Afsca dice que el contenido propio emitido por las señales del interior está en aumento y ronda el 28 por ciento, es decir que está cerca de cumplir lo estipulado. Algo parecido sucede con las producciones nacionales. Años atrás, Canal 9 inundaba su señal con telenovelas mexicanas y películas de Chuck Norris: hoy exhibe un 73 por ciento de producción nacional.
“Ha ido mejorando lenta pero efectivamente para cumplir con los porcentajes exigidos por la ley”, sostiene Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información y profesor de las universidades de Quilmes y Buenos Aires. “El propio Gobierno incentivó el tema con un fondo para la realización de producciones audiovisuales independientes que, si bien está gestionado con un criterio y con estándares más propios del cine que de la televisión, representó un avance”, señala.
Respighi, por su parte, estima que “más allá de la buena separación entre tanda comercial y contenidos artísticos, se logró que todos los días haya tres horas de programación infantil. Por lo general son latas viejas, pero eso se va a ir ajustando”. Tanto él como Becerra aseguran que el desafío de este tipo de políticas es su sostenibilidad en el tiempo.
Uno de los grandes interrogantes del nuevo marco es la financiación, dado que la ley obliga a emitir una serie de contenidos pero no explica de dónde saldrá el dinero para pagarlos. En ese sentido, los consultados destacaron los proyectos del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y de la Secretaría de Cultura, que buscan crear contenidos que cualquier productora del interior pueda retomar y emitir a un costo muy bajo.
“Los concursos del Incaa han renovado las ficciones en un giro casi copernicano”, opina Respighi, que rescata este tipo de proyectos a pesar de la disímil calidad de los productos finales, ya que “demostraron que se pueden hacer ficciones interesantes, entretenidas y con un fin social, aunque sea solapado, y que van a afectar a las ficciones mainstream, desde Pol-ka hasta Telefé Contenidos”.
Esta medida ayuda a una de las nuevas exigencias: que los canales abiertos pasen al menos ocho películas argentinas por año, todos estrenos televisivos adquiridos por anticipado. “Un éxito lo compra cualquiera. El tema es apostar por un guión”, argumentó Bulla. Las señales regionales y de cable, eximidas de esta obligación, tendrán que aportar al fondo que ayuda a financiar la cinematografía local.
En las radios, el escenario no es tan optimista. Desde 2010, todas las señales, excepto las temáticas, están obligadas a pasar un treinta por ciento de música nacional, de la cual la mitad deberá ser de artistas independientes. “Salta a la vista que esto no se ha logrado. Hoy, lo mejor que se puede hacer es hablarlo con los directivos de las emisoras. Esta etapa va a necesitar un poco de buena voluntad”, estima Respighi.
JUSTO A TIEMPO
¿Mejoró la puntualidad de la programación? Luego de una guerra de horarios que alcanzó su pico máximo en 2006 –donde los retrasos, los programas con fechas rotativas y otras modificaciones imprevistas fueron la regla en los canales privados–, la obligación, impartida por la Afsca, de indicar claramente la hora de inicio de las emisiones comenzó a ordenar nuevamente el encuentro entre el televidente y sus series favoritas. Sin embargo, aún continúan los engañosos anuncios de programas a emitirse “al término de…”
“Ahora se están cumpliendo más. Pero si antes los programas empezaban en horarios redondos, ahora arrancan 21.15 ó 21.45, con las complicaciones que eso conlleva”, sostuvo Respighi, que como periodista de espectáculos afirma que las planillas que llegan se aproximan bastante al horario real de las emisiones. Para Becerra, en cambio, “los horarios directamente se incumplen, lo que representa una falta de respeto total hacia la audiencia”. Los espectadores podrán sacar sus propias conclusiones.
NO TODA PUBLICIDAD ES BUENA PUBLICIDAD
Esas modificaciones del menemismo a la vieja ley de radiodifusión eliminaron la prohibición de emitir anuncios al interior de los programas, alentando la figura de la publicidad no tradicional, más conocida como PNT o “chivo”. La invasión de marcas atravesó la frontera de las tandas, que para ese entonces ya eran de doce minutos por hora en TV y catorce para radio.
La nueva ley produjo un primer efecto: todos los canales, tanto de aire como de cable, se vieron obligados a colocar placas identificando cuándo comienza y finaliza la tanda. Si bien los PNT sólo quedaron prohibidos en los programas para niños, aquéllos que se incluyen no pueden ocupar más de un quinto de la pantalla y se contabilizan para el tope publicitario.
Un punto central es el castigo para quienes incumplen esta ley, que mejora el esquema de multas del ex Comfer. De acuerdo con un documento interno de la Afsca, ya se aplicaron más de 600 sanciones. La novedad es que si una empresa es sancionada, no puede canjear multas por publicidad, como sucedía en el pasado. El nuevo marco de sanciones es sin dudas un paso adelante, aunque Respighi cree que la Afsca aún “no está capacitada, en términos técnicos y de personal, para hacer las evaluaciones correspondientes”.
¿Y LAS NUEVAS VOCES?
Luego de décadas de abandono, el mapa analógico del país es relativamente pobre: 44 canales de televisión por aire, 33 de los cuales tienen gerenciamiento privado, diez de los estados provinciales y uno dependiente de una universidad.
Para enriquecer este escenario, la Argentina cuenta con una de las legislaciones “más avanzadas del continente”, según destacó el relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, Frank La Rue. Un aspecto inédito de la ley es la reserva de un tercio del espectro para operadores sin fines de lucro y que permite, por primera vez, que las cooperativas accedan a la titularidad de licencias de radio y TV. Este marco, sumado a la compresión técnica que permite la digitalización, crea condiciones más que favorables para la multiplicación de señales.
El primer canal de aire en aparecer tras la sanción de la norma fue Celta TV, una señal con ocho horas diarias de contenidos propios creada por la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos. “La salida al aire de Celta TV fue un ‘mix’ entre lo que venían produciendo y el aval que les da la ley a las cooperativas”, explica Néstor Piccone, presidente de Fecoop TV. Otro caso destacado es el de TV Coop de Zapala, que había sido clausurada por la dictadura. En 2007, por gestiones del entonces Comfer, TV Coop comenzó a retransmitir la TV Pública junto a dos horas de programación local, hasta que en 2011 recibió una autorización de la Afsca para mudarse a una señal de alta frecuencia. Estas experiencias aún no cuentan con licencias definitivas sino “permisos” para operar, ya que los concursos recién se iniciaron. ¿Por qué la demora? Según la Afsca, los retrasos se explican por el arduo trabajo de hacer un censo “casi desde cero” y de elaborar un plan técnico que establezca la disponibilidad de frecuencias.
Fuera del ámbito cooperativo, los mayores avances se vienen dando por el lado de las señales estatales. A fines del año pasado se otorgaron frecuencias a casi 1.200 municipios, además de provincias y universidades, que hasta entonces no podían operar por una vieja disposición que sólo permitía la existencia del Estado allí donde no operara un privado.
Más despacio avanzan las gestiones para nuevos privados y para que las ONG y los movimientos sociales puedan tener su propio medio. En palabras de Becerra, “uno de los actores centrales en la discusión de la ley, los medios sin fines de lucro, siguen siendo los convidados de piedra en el sistema de comunicación masiva”.
Hasta el momento se avanzó en los procesos de normalización que estaban pendientes desde 2006 y se otorgaron 332 licencias para la puesta en marcha de radios AM y FM. “Hay un montón de radios anotadas, pero las zonas más duras de resolver son aquellas llamadas oportunamente zonas de conflicto”, detallan desde el organismo.
El objetivo es terminar con los Permisos Precarios Provisorios (PPP) otorgados años atrás. “Lo que había, se convierte en licencia o desaparece”, define un funcionario. La Afsca estima que a fines de este año la normalización y regulación de la radio será un hecho, lo que habilitaría el llamado a concurso. Aquéllos que no deseen esperar al llamado pueden presentar una solicitud para operar estaciones de muy baja potencia, previstas en la ley para “circunstancias de probada disponibilidad de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social”.
En paralelo, el organismo comandado por Aragón llamó a un concurso para 220 señales de TV Abierta -110 sin fines de lucro y 110 privados comerciales- en aquellas ciudades en las que está instalada la plataforma de la Televisión Digital Abierta (TDA). “El espectro está repartido entre los canales históricos, que recibieron su señal espejo para digital, la frecuencia de la ciudad, y un remanente de licencias que se ofrece vía concurso”, describe un funcionario de la Afsca. Es una medida histórica: hace más de treinta años que no había concursos para nuevas licencias.
No obstante, el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias (integrada por TV PTS, Faro TV y Barricada TV de Almagro, entre otras) denunció los altos valores de los pliegos -que rondaron los 140 mil pesos- y pidió que se reconociera la figura de “trabajo voluntario”. Como respuesta, la Afsca comunicó la puesta en marcha de un proceso para que televisoras de baja potencia -aquéllas que abarquen entre 14 y 17 kilómetros a la redonda de la zona de la emisora- puedan acceder a sus licencias a un precio más bajo e “incluso sin costo para algunos medios comunitarios”.
LO QUE FALTA
Luis Lázzaro, coordinador general de la Afsca, dice que la evaluación provisoria de este nuevo mapa comunicativo debe enmarcarse en la relación de fuerzas entre el Gobierno y los grandes grupos. Para el funcionario, el desafío es pensar cómo se financiará el sistema en relación a su sustentabilidad. “Ambas cosas deben ir juntas. No pueden aparecer 508 canales de la noche a la mañana”, afirma.
Respighi advierte que harán falta más y mejores cuadros técnicos para poder aplicar la norma en su totalidad. “Queda la duda de si el personal encargado de evaluar y aplicarla está al mismo nivel que quienes redactaron la ley”, plantea el cronista, quien pide no confundir la aprobación del proyecto con su aplicación efectiva. “Hoy tenemos una legislación acorde a los tiempos que corren y que pone el espectro en condiciones. Para poder avanzar con la democratización era necesario el marco jurídico, y ese marco hoy está”, celebra.
Becerra valora la discusión previa, pero cree que el Gobierno, la oposición y los grandes empresarios de medios “no estuvieron a la altura de los desafíos democráticos de la ley”. En este contexto, Piccone expresa sus intenciones de reflotar la Coalición por una Radiodifusión Democrática -aquel conjunto de organizaciones que con sus “21 puntos” ayudó a materializar la actual legislación- para trabajar sobre la sostenibilidad del sistema. “No podemos llegar al 33 por ciento para los sin fines de lucro o a los medios de pueblos originarios si no se abre una discusión económica”, asegura el ex funcionario de la Secretaría de Medios, y agrega: “Hay que cambiar un esquema de televisión y radio casi eminentemente comercial, en el que se discuta la pauta privada, los aportes del Estado y los programas de capacitación. Puede llevar tres o cuatro años”. A treinta meses de la sanción de la Ley, los consultados coinciden en que es mejor tarde que nunca.
Además...
LAS TRABAS JUDICIALES
El artículo 161 de la Ley estableció un plazo de un año para que los dueños de los medios se adecúen a los nuevos topes de licencias: diez de Televisión Abierta, tres señales audiovisuales en una misma área y veinticuatro empresas de cable. “La 161 es esencial para garantizar condiciones de igualdad”, asegura Luis Lozano, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. La pregunta surge de inmediato: ¿qué sucede con las más de 260 licencias -según estimaciones de la Afsca- que maneja el Grupo Clarín? Son parte de la batalla judicial que comenzó ni bien se promulgó la Ley.
Tres de los principales grupos -Clarín, Ick y Vila- cuentan hoy con amparos que suspenden la aplicación de la 161. En una entrevista reciente con Debate, el ex titular del Afsca, Gabriel Mariotto, reconoció que “los sectores monopólicos han activado los resortes que tienen en los jueces de primera instancia y han podido parar, con cautelares, la aplicación de ese aspecto”, pero afirmó que espera un fallo favorable de la Corte Suprema.
SITUACIONES POCO CLARAS
Uno de los grandes avances de la ley está plasmado en el artículo 41, donde se decreta que las licencias son intransferibles, lo que termina –al menos en teoría– con el oscuro negocio de compra y venta de medios habilitado por uno de los decretos del menemismo. Con esto se busca una mayor transparencia en la titularidad de las radios y canales de TV, que deberán presentar carpetas de acceso público como las que ya entregó Telefé. En este marco, el profesor Martín Becerra señala algunas situaciones irregulares que la Afsca deberá resolver como parte de su tarea de ordenamiento.
Telefé: Su situación legal, asegura, es “híper controvertida”. “Varias reformas legales a la vieja ley de la dictadura, como la mal llamada Ley de Bienes Culturales o ‘Ley Clarín’ de 2003, se hicieron con cláusulas diseñas casi exclusivamente para que una empresa española, como Telefónica, no tenga mayores problemas de gestionar Telefé”. Más aún, debería analizarse a fondo el contrato de exclusividad que permitió que Telefónica ganara la concesión de la telefonía fija cuando se privatizó Entel. “Mi opinión es que la Afsca debería someter este tipo de casos, brindando toda la información pública de los expedientes que se tramitaron históricamente el Comfer y ahora en la Afsca, para que un comité con representación plural analice minuciosamente la cuestión”.
Canal 9: En 2007, el grupo Albavisión, de capitales mexicanos, desembarcó en el canal que hasta entonces gestionaba Daniel Hadad. Para Becerra, la nueva ley impide que la señal esté en manos del inversor mexicano Ángel González. “Además, ese trámite de traspaso no cuenta con la aprobación formal de la Afsca”.
Grupo Hadad: “Hadad explota en la Ciudad de Buenos Aires al menos cinco emisoras: Radio 10, FM Vale, TKM, La Mega y Pop. Así lo declara en su sitio web el propio empresario”, argumenta Becerra. El problema es que, de acuerdo a la nueva legislación, ningún licenciatario puede tener más de dos radios FM en una misma zona geográfica. Fuentes de la Afsca aseguran que, en términos legales, Hadad sólo posee Radio 10 y FM Vale.
Volvió de sus vacaciones creyendo que la Policía Metropolitana ya estaba a cargo de la seguridad del subte. Pero con el correr de los días, se dio cuenta que el plan del Gobierno porteño era otro. “Todo apareció como un teleteatro, porque ya sabíamos que la Policía Federal se iba a ir”, asegura Roberto “Beto” Pianelli, secretario general del Sindicato del Subte (AGTSyP), enfrentado a la dirigencia de la UTA.
Hace 7 años.